Covid-19: Amnistía Internacional denuncia falta de equidad en la distribución de vacunas en el mundo

La ONG Amnistía Internacional publicó recientemente un informe edificante sobre el acceso global a las vacunas Covid-19. Sin embargo, este acceso sería simplemente monopolizado por los países ricos, con la complicidad de los fabricantes. La organización denuncia una “crisis de derechos humanos sin precedentes”.

Una situación preocupante

Según Our World in Data, 43% de la población mundial ha recibido al menos una dosis de la vacuna SARS-CoV-2. Sin embargo, las vacunas mundiales en los países menos ricos representan solo el 2%. En un artículo publicado por la agencia de noticias Reuters en junio de 2021, el jefe de los CDC de África, el Dr. John Nkengasong, dijo que África necesita un acceso rápido a las vacunas. Según la persona, el continente aún está muy lejos de ganar la batalla contra el coronavirus. El dispositivo COVAX se supone que garantiza la redistribución de dosis durante al menos 20% de la población de cada país parece fallar.

Además, la OMS había intentado reaccionar proponiendo (en vano) a los distintos países posponer la 2ª y 3ª dosis para promover la redistribución en los países más pobres. En su informe de 22 de septiembre de 2021, la ONG Amnistía Internacional habla de un “Crisis de derechos humanos sin precedentes”.

Jeringa médica de primer plano con una vacuna.
Crédito: Universidad de Flinders

Échale la culpa a los fabricantes y a los estados

La responsabilidad de esto recaería tanto en los gobiernos como en las empresas farmacéuticas. En cuanto a los fabricantes de vacunas, la ONG cree que deberían haber distribuir las dosis de manera equitativa al mundo entero. Al mismo tiempo, lo ideal hubiera sido tomar medidas encaminadas a acelerar la producción. Finalmente, se dio prioridad a los países ricos en una lógica comercial. Así, los fabricantes habrían actuado sin tener realmente en cuenta el respeto a los derechos humanos. Las empresas Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson entregaron más de la mitad de las dosis producidas en los países con mayores ingresos, siendo AstraZeneca la excepción. Los países pobres verán llegar las dosis prometidas en 2022 a través del dispositivo COVAX. No obstante, Amnistía Internacional cree que para entonces se producirán más brotes mortales.

También está la cuestión de la propiedad intelectual, que las empresas en cuestión no querían compartir. Lo mismo ocurre con la tecnología y los conocimientos técnicos. Al compartir esto con otras empresas, preocupaciones de producción y entrega nunca hubiera surgido. En otras palabras, la cooperación científica efectiva durante el desarrollo de vacunas se detuvo cuando comenzó la comercialización. Evidentemente, el problema también tiene su origen en los estados más ricos. Éstas tienen compré casi todo el inventario y por tanto se apropió de las dosis.

Para superar estas desigualdades, Amnistía Internacional propone cumplir no menos de 2 mil millones de dosis a los países más pobres, dentro de los 100 días que quedan antes de que finalice este año. Para las empresas, esto supondrá suspender sus derechos de propiedad intelectual u otorgar licencias no exclusivas, abierto y global. También podrían participar en C-TAP, es decir, la agrupación de acceso a tecnologías contra Covid-19. Finalmente, la ONG también recomienda el establecimiento de un verdadero política de precios justos y una prioridad para aumentar el acceso a las vacunas en las zonas menos ricas del mundo.


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